En los últimos tiempos hemos asistido a dos fenómenos preocupantes para la profesión de ingeniero industrial:
· Por una parte, la aplicación del Plan Bolonia, que ha supuesto la proliferación de universidades que imparten o tienen intención de impartir el Master de Ingeniería Industrial que da acceso a las atribuciones de nuestra profesión. Esta situación no ha hecho sino agravar la situación precedente en la que el número de escuelas técnicas superiores de Ingenieros Industriales de prestigio no supera la docena entre los más de cuarenta centros donde se pueden cursar los estudios.
· Por otra, el ataque sistemático a las instituciones colegiales que se viene produciendo con más intensidad desde hace aproximadamente un lustro, y que ha casi culminado con la publicación de la Ley 25/2009 y el R.D. 1000/2010 a la espera de la puntilla que supondrá la futura Ley de Servicios Profesionales.
Como consecuencia de la desaparición del visado obligatorio y de la previsible desaparición de la obligatoriedad de colegiación, los Colegios se van a encontrar con una imposibilidad de facto para regular el ejercicio profesional, misión que siguen teniendo encomendada por la Constitución y que se refleja en la Ley 2/1974, aun con su redacción tras la Ley 25/2009. Si a ello se añade la más que dudosa calidad de multitud de títulos universitarios en Ingeniería Industrial, por más que cuenten con la verificación de ANECA (entidad dominada por las instituciones universitarias que pocas trabas pone al lanzamiento de títulos, de lo cual ya se tienen ejemplos lamentables), el panorama que se plantea no puede por menos que ser muy preocupante.
Eliminado el control indirecto de la profesión por parte de los Colegios y en un escenario de una pobre cualificación académica de los egresados (con notables pero muy contadas excepciones), parece llegado el momento de establecer un mecanismo que refleje las diferencias que de hecho existen entre los diferentes profesionales en el mercado laboral, un sello de calidad profesional compatible con estándares internacionales que sea suficientemente visible para la sociedad en general y para las empresas en particular: la marca de Ingeniero Profesional Registrado (IPr), asemejable a las diferentes formas que presenta la Ingeniería Profesional en el mundo.
La ingeniería profesional no es sólo una cualificación académica o una actividad laboral, es una mentalidad, una actitud y, en cierta medida, un modo de vida. Los ingenieros profesionales emplean su juicio y experiencia en la resolución de problemas cuando se ponen de manifiesto los límites del conocimiento científico y su principal objetivo consiste en limitar o eliminar el riesgo.
El status de ingeniero profesional registrado (IPr) se obtendrá tras la superación de los requisitos de un programa de certificación compatible la norma internacional ISO 17024, esto es, tras una evaluación independiente de su competencia conforme a un estándar basado en los principales estándares profesionales existentes en el mundo de la ingeniería profesional.
.
· Por una parte, la aplicación del Plan Bolonia, que ha supuesto la proliferación de universidades que imparten o tienen intención de impartir el Master de Ingeniería Industrial que da acceso a las atribuciones de nuestra profesión. Esta situación no ha hecho sino agravar la situación precedente en la que el número de escuelas técnicas superiores de Ingenieros Industriales de prestigio no supera la docena entre los más de cuarenta centros donde se pueden cursar los estudios.
· Por otra, el ataque sistemático a las instituciones colegiales que se viene produciendo con más intensidad desde hace aproximadamente un lustro, y que ha casi culminado con la publicación de la Ley 25/2009 y el R.D. 1000/2010 a la espera de la puntilla que supondrá la futura Ley de Servicios Profesionales.
Como consecuencia de la desaparición del visado obligatorio y de la previsible desaparición de la obligatoriedad de colegiación, los Colegios se van a encontrar con una imposibilidad de facto para regular el ejercicio profesional, misión que siguen teniendo encomendada por la Constitución y que se refleja en la Ley 2/1974, aun con su redacción tras la Ley 25/2009. Si a ello se añade la más que dudosa calidad de multitud de títulos universitarios en Ingeniería Industrial, por más que cuenten con la verificación de ANECA (entidad dominada por las instituciones universitarias que pocas trabas pone al lanzamiento de títulos, de lo cual ya se tienen ejemplos lamentables), el panorama que se plantea no puede por menos que ser muy preocupante.
Eliminado el control indirecto de la profesión por parte de los Colegios y en un escenario de una pobre cualificación académica de los egresados (con notables pero muy contadas excepciones), parece llegado el momento de establecer un mecanismo que refleje las diferencias que de hecho existen entre los diferentes profesionales en el mercado laboral, un sello de calidad profesional compatible con estándares internacionales que sea suficientemente visible para la sociedad en general y para las empresas en particular: la marca de Ingeniero Profesional Registrado (IPr), asemejable a las diferentes formas que presenta la Ingeniería Profesional en el mundo.
La ingeniería profesional no es sólo una cualificación académica o una actividad laboral, es una mentalidad, una actitud y, en cierta medida, un modo de vida. Los ingenieros profesionales emplean su juicio y experiencia en la resolución de problemas cuando se ponen de manifiesto los límites del conocimiento científico y su principal objetivo consiste en limitar o eliminar el riesgo.
El status de ingeniero profesional registrado (IPr) se obtendrá tras la superación de los requisitos de un programa de certificación compatible la norma internacional ISO 17024, esto es, tras una evaluación independiente de su competencia conforme a un estándar basado en los principales estándares profesionales existentes en el mundo de la ingeniería profesional.
.
© Copyright INGENIA Fundazioa. Todos los derechos reservados.
